Tener un trastorno de salud mental puede ser tan grave como tener un ataque al corazón, o cualquier otro trastorno de salud física debilitante y que ponga en riesgo la vida, y de hecho, puede contribuir a desarrollar dolencias físicas. Sin embargo, de los 44 millones de personas en los Estados Unidos que tienen un trastorno de salud mental, sólo un tercio recibe tratamiento. ¿Por qué tantas personas no reciben tratamiento? Según una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología en el año 2004 entre personas en los Estados Unidos, la falta de seguro médico (87 por ciento) y el costo del tratamiento (81 por ciento) son los principales factores para no buscar servicios de salud mental. El mismo sondeo muestra que el 85 por ciento de los encuestados opina que el seguro médico debería cubrir los servicios de salud mental.

En 1996, el congreso de Estados Unidos comenzó a abordar el tema de la discriminación en la cobertura de salud mental al promulgar la ley de paridad en la salud mental (MHPA por sus siglas en inglés) que exigía a las compañías de seguro que trataran la cobertura de los trastornos de salud mental y física de manera similar. Esta ley exigía a las compañías de seguro que brindaran como mínimo topes en el costo para beneficios anuales y de por vida iguales, y que los servicios de salud mental tuvieran los mismos beneficios que los servicios de salud física. Este fue un primer paso importante. Sin embargo, las aseguradoras pudieron hallar lagunas en la ley, que permitió a los planes de seguro médico cubrir los servicios de salud mental en niveles más bajos que la atención médica física. Por ejemplo, el 87% de los empleadores que cumplen con la ley de topes en el costo reducen su cobertura de salud mental de otras formas. Por ejemplo, limitando estrictamente la cantidad de sesiones de terapia por año.

La ley de paridad de la salud mental caducaba originalmente en el año 2001. Ese año, los senadores Pete Domenici (Republicano del estado de Nuevo México) y Paul Wellstone (Demócrata del estado de Minesota) presentaron la ley S.543 de tratamiento equitativo para la salud mental (MHETA por sus siglas en inglés), para poner fin a las lagunas legales y terminar de una vez por todas con las coberturas de seguro discriminatorias para los servicios de salud mental. El proyecto de ley mejoraría la ley de paridad de salud mental de 1996 exigiendo la paridad para co seguros, co pagos, deducibles, límites diarios y de consultas y topes de desembolso máximos. A finales del año 2001, el Congreso no había progresado en el tema de la paridad, pero la ley de paridad de la salud mental de 1996 se prorrogó y desde entonces continúa siendo prorrogada.

Los opositores de la legislación de paridad sostienen que incrementará los costos para los empleadores. No obstante, estudios mostraron que la legislación elevaría el costo del seguro médico promedio en menos del 0,9 por ciento, un aumento que sería compartido por el empleador y el empleado. Además, un análisis de PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre el proyecto de ley de paridad indica que la cobertura de salud mental a la par de la cobertura de salud física le costará a los empleadores apenas un uno por ciento, o $1,32 por empleado inscrito al mes.

La legislación de paridad volvió a presentarse en el año 2003 como la Ley Paul Wellstone de tratamiento equitativo para la salud mental (S.486/H.R. 953) en honor al difunto senador que fuera uno de los patrocinadores originales. Para julio de 2004, el proyecto de ley de paridad tenía 69 auspiciadores en el Senado y 247 en la Cámara de representantes.

Paridad en la salud mental a nivel estatal

Las legislaturas estatales también reconocen la importancia de la paridad en la salud mental. Desde 1991, treinta y ocho estados han promulgado alguna forma de legislación de paridad. Dieciséis estados tienen actualmente leyes de paridad de amplio espectro. Estos estados incluyen Maryland, Rhode Island, Minnesota, Missouri, Arkansas, Connecticut, Vermont, Georgia, Tennessee, Indiana, Alabama, Kentucky, Nuevo México, Utah, Mississippi y Maine. Tres estados, Carolina del Norte, Arizona y Carolina del Sur, cubren sólo a los empleados del estado. Diecinueve estados tienen leyes de paridad específicas de diagnóstico que cubren solo ciertas condiciones. Estos estados incluyen Texas, Nuevo Hampshire, Colorado, Delaware, Pennsylvania, Dakota del Sur, California, Hawaii, Louisiana, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Oklahoma, Virginia, Massachusetts, Illinois, Kansas y Virginia Occidental.